Llevará la secretaría de Participación Ciudadana asesoría jurídica a la ciudadanía

Contraportada // Redacción

La secretaría de Participación Ciudadana en conjunto con universidades y dependencias estatales, buscará llevar asesoría jurídica a la población.

El proyecto “Clínicas Jurídicas” pretende otorgar a la población neolonesa un mayor acceso a la asesoría legal, sobre todo a las personas más vulnerables.

Daniel Acosta Fregoso, titular de la dependencia resaltó la importancia de que tanto el Gobierno del Estado, asociaciones civiles y universidades se unan en pro de la ciudadanía para dar solución a los diferentes conflictos sociales.

El acceso a una asesoría jurídica es limitada para gran parte de la población o resultan ser defraudados, es por ello que la secretaría de Participación Ciudadana busca coadyuvar a brindar un servicio justo para toda la población, dijo el secretario.

“Buscamos establecer una metodología de atención efectiva e integral para resolver los problemas jurídicos de la ciudadanía, queremos ser un gobierno que resuelve y lo podemos lograr de la mano de todos”.

“Estoy seguro de que si se da el seguimiento correcto y correspondiente lo que empiece hoy va a ser trascendental y que va a poder ser un modelo de atención jurídica muy grande”.

El modelo de asesoría jurídica pública, precisó Acosta Fregoso, también será un lugar en el que tanto maestros y estudiantes podrán poner en práctica sus conocimientos ayudando a la ciudadanía.

“La academia, maestros, estudiantes y practicantes empiecen a desempeñar su cargo ayudando a la gente que más lo necesita y ayudando en general a la población de Nuevo León”.

A la primera reunión de colaboración que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones de la secretaría de Participación Ciudadana, acudieron representantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (BUFETEC), Universidad de Monterrey (UDEM), Universidad del Norte y Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, asistieron representantes de la Procuraduría de Defensa del Trabajo de Nuevo León, Instituto de Defensoría Pública del Estado, Instituto Registral y Catastral del Estado, Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León, entre otros.

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