Rechazan PRI y PAN que toma de Defensoría sea ilegal
Contraportada // Redacción
Las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso local descartaron que el poder judicial haya actuado fuera de la ley al tomar posesión del Instituido de Defensoría, como aseguraron diputados de Movimiento Ciudadano.
“Desde los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, rechazamos categóricamente las acusaciones sin fundamento emitidas por los Diputados de Movimiento Ciudadano en torno a las reformas a la Constitución Local aprobadas por el Congreso del Estado que disponen la adscripción orgánica del Instituto de Defensoría Pública al Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
“El Poder Judicial, encabezado por el Magistrado Arturo Salinas, actuó conforme a derecho y cumplió con la disposición constitucional al tomar el control de la Defensoría Pública”, dice un comunicado emitido por el PRI y el PAN en el Congreso local.
Cabe destacar que ante la referida reforma constitucional de carácter orgánico, el ex Director General del Instituto de Defensoría Pública (entonces adscrito al Poder Ejecutivo), Reynaldo Cantú Shay, promovió un juicio de amparo del que derivó un criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, mismo que negó la suspensión solicitada por Cantú para efecto de no ser removido del cargo, dicha negativa resultó de la consideración del Tribunal de que “al estimarse que una norma constitucional local que ordena orgánicamente el funcionamiento de las instituciones que coadyuvan a la impartición de justicia es de orden público y por tanto la suspensión de sus efectos es improcedente”.
Con dicho criterio se confirma la validez de las normas referidas, mismas que deben ser observadas por todas las autoridades.
Ambas bancadas aseguraron que el Gobernador y funcionarios del gobierno de Movimiento Ciudadano han omitido ilegal y arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de una gran cantidad de decretos aprobados por el Congreso, lo que demuestra una clara intención de secuestrar la ley según sus intereses políticos.
“Sorprende que los diputados de MC señalen como abuso de poder el acatar una disposición constitucional validada por un tribunal federal, cuando son ellos quienes solapan las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, que incluso, han derivado en proceso penales contra funcionarios estatales”, aseguraron.