El Infierno de Dante
En la indagatoria sobre fraude al erario público durante el gobierno de Jaime Rodríguez hay otros intereses oscuros que no sólo afectaron el uso de recursos públicos, sino que de manera criminal pusieron en riesgo a los elementos de las corporaciones policiales estatales.
Atrás de la proveedora favorita de la administración pasada, Telecomunicaciones y Servicios del Noreste (TSN), se halla la trasnacional Motorola que no conforme con monopolizar los contratos para la venta de equipo de radiocomunicación, entregó aparatos obsoletos y hasta descompuestos, eso sí, a precios sobrevalorados.
El gobierno de Samuel García detectó la práctica monopólica y a su vez, la adjudicación directa de sistemas de radiocomunicación durante el sexenio pasado para una sola marca, como es el caso de Motorola, la que se apropió incluso la comercialización de equipos de radiocomunicación para las policías municipales de Nuevo León.
De acuerdo a las revisiones técnicas de la Contraloría, la tecnología que se utiliza en el estado de Nuevo León tiene una antigüedad de 20 años, al no usar los avances del sector. Claro esta, toda esta información por órdenes del ex gobernador, incluido montos y pagos, se mantiene sin darse a conocer bajo la reserva de ser información confidencial de alto riesgo para la Seguridad.
En resumen, Fuerza Civil y las otras corporaciones estatales usan radios de hace más de dos décadas, y sus centros de comunicación y control, C4 y C5, utilizan además de tecnología monopólica, obsoleta, cuando existen en el mercado equipos mas avanzados.
Mediante esta práctica monpólica Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN) inició con la venta de radio comunicadores a los policías, y Protección Civil, además de que presentó una carta falsificada de exclusividad que le otorgó Motorola, vendía patrullas y software al C-5, según ha denunciado García Sepúlveda, facturando al Gobierno de Nuevo León más de cuatro mil millones de pesos entre 2016 y 2021.
Dentro de la querella formulada se menciona al director de TSN, Eduardo Vázquez, así como a sus empleadas, Elvira González y Elsa Patricia Lamas, por el incumplimiento en la instalación de un software educativo facturado y cobrado por 298 millones de pesos.