Jesús Elizondo presenta iniciativa para actualizar la Ley de Juventud
Contraportada // Redacción
El diputado local presentó una propuesta de reforma integral a la Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León para reconocer a las juventudes como sujetos plenos de derechos y no solo como población beneficiaria.
Nuevo León concentra 4.8% de las juventudes del país, representando así un 30.5% de su población total, lo que posiciona a las personas jóvenes como un sector estratégico para el desarrollo social y económico del Estado.
Durante décadas, las juventudes han sido blanco de políticas públicas fragmentadas, enfoques asistencialistas y narrativas adultocéntricas que las conciben más como un problema social que como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo, esta visión ha generado intervenciones limitadas, poco contextualizadas y desconectadas de los entornos sociales, económicos y culturales que actualmente atraviesan las y los jóvenes.
A pesar de la ya existente Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, donde se contemplan figuras como el Instituto Estatal de la Juventud, Programas Educativos y de Salud y Derechos laborales; existe aún una carencia evidente en aspectos como ciencia, tecnología, arte y cultura, deporte y medio ambiente, además de considerar de manera explícita y eficiente a los jóvenes en situaciones vulnerables.
Por ello, con esta iniciativa se pretende pasar de una ley declarativa a una ley operativa, que contenga derechos claros, obligaciones institucionales, instrumentos de política pública y participación juvenil vinculante.
“La juventud ya no puede ser entendida únicamente como una etapa etaria, sino como una condición social diversa, atravesada por factores de género, discapacidad, territorio, origen étnico, situación migratoria, contexto digital y acceso a oportunidades”, mencionó el legislador.
Con esta iniciativa, Nuevo León avanzaría hacia un marco jurídico moderno e incluyente, alineado con las transformaciones sociales actuales, que coloca a las juventudes en el centro de la agenda pública, fortalece su participación en la toma de decisiones y sienta las bases para un desarrollo sostenible, equitativo y con enfoque de derechos en el Estado.