Ordena COTAI a Santa Catarina informar de sus ingresos por contribuciones municipales

Contraportada // Redacción

El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) ordenó al municipio de Santa Catarina informar a un particular sobre los ingresos obtenidos por contribuciones municipales, su destino y las proporciones pagadas a funcionarios por concepto de sueldos y salarios.

La resolución fue parte una de las 12 emitidas durante la 22ª. Sesión Ordinaria del Pleno, encabezada por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez.

Así como las y los Comisionados Vocales, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.

Sierra Gómez explicó que al Municipio de Santa Catarina un particular le solicitó información sobre los ingresos obtenidos por las contribuciones en el 2018 y parte del 2019, el destino de esos recursos y detalle de las proporciones pagadas a cada uno de los funcionarios por concepto de suelos y salarios.

“El sujeto obligado, en este caso el municipio, proporcionó al solicitante una serie de ligas electrónicas para consultar los documentos correspondientes, pero el particular se inconformó argumentado que la respuesta no era clara ni transparente”, dijo el Comisionado Presidente.

“Además, la autoridad al rendir su informe ante COTAI dijo que no le era posible proporcionar la totalidad de los datos solicitados, porque los documentos contienen información reservada y presentó los acuerdos”.

Sin embargo, agregó, el Pleno consideró modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información sobre la cantidad de ingresos que obtuvo por las contribuciones municipales correspondientes al 1 al 28 de octubre de 2019.

“También se le ordenó proporcionar la información relativa al destino de estos ingresos y se revocó la reserva de información sobre el personal administrativo en relación a la nómina y viáticos y debe emitir un acuerdo de reserva con respecto al

personal operativo, publicando únicamente la nómina y viáticos de cada uno de los rangos o cargos que existen en la corporación de Seguridad Pública municipal, sin revelar el nombre y número de elementos”, explicó.

El Comisionado Presidente mencionó también el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la que un particular le solicitó el número de policías/agentes que hay en la corporación, especificando el género (mujeres y hombre) y rango.

“El sujeto obligado respondió que esa información estaba clasificada como reservada, sin embargo, en dicha corporación existen áreas administrativas, que no se encargan de acciones tendientes a la obtención de inteligencia, como se ha determinado en diversas resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, detalló.

“En ese sentido, la difusión del número de mujeres y hombres que tengan carácter administrativo, no afecta la capacidad de reacción para prevenir, combatir, disuadir y desactivar amenazas de seguridad”.

Sierra Gómez comentó que se revocó el acuerdo de reserva de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que entregue al solicitante el número de elementos mujeres y hombres que realicen funciones netamente administrativas.

A la vez, se le ordenó emitir un acuerdo de reserva de la clasificación de información relacionada con el número de elementos adscritos a la corporación que realicen funciones operativas.

“La COTAI en pro de la transparencia y de la igualdad de trato y de oportunidades a mujeres y hombres, la no discriminación, la equidad de género, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, proporcionar la cifra porcentual de los elementos mujeres y hombres por rango, que realicen funciones tanto operativas como administrativas, sin especificar el número de elementos”, detalló.

También se aprobó aplicar una multa a la alcaldesa de Vallecillo, María Lina Margarita Martínez Serna, con 12 mil 673.50 pesos, por no dar respuesta dentro de los plazos que marca la ley a una solicitud de información en la que pedían documentación sobre su nivel de estudios.

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