Peña Nieto busca blindaje legal
Contraportada // Redacción
El presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) y su Gabinete buscan protegerse de las investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra.
De acuerdo al diario Reforma, el 11 de octubre la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional para reclamar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones, o carpetas de investigación en su contra.
La demanda fue firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados, y es la primera en su tipo que el Ejecutivo presenta.
Los reclamos se le imputan al gobernador panista Javier Corral Jurado, a la Fiscalía General de Chihuahua y al Poder Judicial local.
Uno de los actos reclamados en la controversia Constitucional es “la solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
El mes pasado, Corral Jurado advirtió al Gobierno federal por el caso del exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez, que fue acusado por la Fiscalía estatal por el desvío de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que terminó desistiendo la Procuraduría General de la República (PGR).
Respecto al caso, el gobernador declaró que a pesar de lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y al exgobernador priista César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016), “no quedará impune”. Agregando que “tarde o temprano la justicia lo va a alcanzar”, siendo probable que sea “la de Chihuahua”.
La demanda reclama a Corral “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
El caso del presunto desvío de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua, durante la administración de César Duarte, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría sido con el fin de financiar las elecciones de 2016.