Advierten crisis penitenciaria en Nuevo León y la perdida de confianza en las autoridades.

Contraportada // Redacción

El sistema de justicia penal en el estado de Nuevo León vive una crisis penitenciaria y desplome de la confianza ciudadana en las autoridades, resaltaron expertos de México Evalúa y del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León durante la presentación del estudio “Justicia a la medida: Siete indicadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México”1.

“En Nuevo León en 2016 la confianza se desplomó en términos generales 44% hacia las autoridades de justicia, con base en información del INEGI”, expresó Layda Negrete, investigadora y coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa. “La mayor reducción en confianza se observó en la Policía Estatal (-58%) y el Ministerio Público (-67%)”. La investigadora alertó a las autoridades de no echar marcha atrás en políticas públicas que han funcionado en el pasado en estas instituciones.

Para Leslie Solís, investigadora de México Evalúa, “las cárceles presentan condiciones de autogobierno, violencia y deficiencias en la atención a internos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay focos rojos que no han sido atendidos en los penales, destacando Cadereyta, Topo Chico y Apodaca”.

Finalmente, Sandrine Molinard, Directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, subrayó que “la sociedad de Nuevo León aspira a tener el mejor sistema de seguridad

y justicia del país. Estudios como el que hoy presenta México Evalúa, si bien reconocen avances que tenemos que preservar y potenciar en el futuro, vuelven a poner en el foco de atención debilidades del sistema serias, como el autogobierno de los penales, mismos que requieren soluciones de fondo.”

A nivel local, Consejo Cívico e iniciativas como Alcalde, Cómo Vamos han servido para impulsar la depuración policial, capacitación y dignificación de los elementos.

El documento elaborado por México Evalúa, propone un sistema de evaluación de la calidad del sistema de justicia penal a nivel de los estados, compuesto por siete indicadores basados en la percepción y la experiencia de sus usuarios, víctimas e imputados. Estos indicadores son la confianza en las instituciones de justicia, la tasa de homicidios, la tasa de denuncia de los delitos, el trato satisfactorio a las víctimas, la presunción de inocencia, el proceso penal justo, así como una cárcel digna y segura.

Por su parte Ana Claudia Martínez, Directora Ejecutiva de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.,  advirtió que no se esta combatiendo el problema de los penales en el estado, por lo que seguirán mas hechos violentos como los motines  riñas a su interior.

En este evento también participó Iván de la Garza, profesor-investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

 

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